La prevención comunitaria del delito (página 2)

Existen, sin embargo, numerosos proyectos que han mostrado su eficacia para prevenir la delincuencia[31]En la siguiente sección se exponen en forma somera, después de cada enfoque, una serie de medidas consideradas prometedoras, o bien porque las evaluaciones han mostrado -a menudo de manera repetida- su eficacia, o bien porque los conocimientos criminológicos autorizan a pensar que podrían serlo, sin que esta hipótesis haya sido contradicha por alguna evaluación que hubiera establecido su ineficacia. Empero, conviene subrayar que una medida prometedora no significa que pueda ser eficaz en cualquier circunstancia, sino que tenga posibilidades de serlo si se reúnen las dos condiciones siguientes: que la medida pueda representar una solución apropiada al problema delictivo que se pretende controlar y que sea aplicada correctamente. Asimismo debe indicarse que dichas medidas corresponden al enfoque aquí privilegiado y que su evaluación sólo se aplica a los países antes citados.

C. Bases teóricas del modelo propuesto

Los modelos de prevención del delito suelen basarse en diversas teorías explicativas de la conducta humana. Aquí se examinarán las relacionadas con el enfoque adoptado que combina la prevención situacional y la prevención social.

1. La prevención situacional

Como ya se ha visto, se entiende por prevención situacional "el conjunto de medidas no penales tendentes a impedir el paso al acto mediante la modificación de las circunstancias particulares en el marco de las cuales una serie de delitos similares se cometen o pueden cometerse"[32]. Se trata pues de evitar que infractores potenciales realicen ciertos actos suprimiendo o haciendo menos interesante la ocasión de llevarlos a cabo. En el Cuadro 4 se presenta un proyecto de prevención sobre este modelo.

Cuadro 4

Prevención situacional en los transportes públicos en Australia

Fuente: K. CARR y G. SPRING, "Public Transport Safety. A Community Right and a Communal Responsability", en CLARKE (ed.), Crime Prevention Studies, Vol. 1, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 11.

Se acepta generalmente que la conducta delictiva ha de ser entendida como la combinación de la persona y de la situación en que ésta se encuentra. Sin embargo, mientras los estudios relacionados con la personalidad del delincuente son abundantes, los referentes a los factores situacionales parecen haberse dejado de lado. Esta falta de interés puede atribuirse a lo aparentemente obvio del papel de la situación en la dinámica del delito[33]Solamente en años recientes algunas investigaciones -sobre todo las llevadas a cabo desde la década de los 70 en materia de victimización- han mostrado las potencialidades aunque asimismo la complejidad de este último factor.

La prevención situacional se basa en una reflexión teórica, originada sobre todo en los Estados Unidos y articulada sobre las oportunidades para el delito. Las teorías de este tipo más avanzadas y conocidas están centradas en las actividades rutinarias[34]la victimización interpersonal (o estilos de vida)[35] y la racionalidad de las elecciones hechas por los infractores[36]Las dos primeras tienen en cuenta el papel determinante que desempeña la situación precriminal en el paso al acto; la segunda las completa al considerar las motivaciones de los delincuentes en este proceso.

El postulado de base de estas teorías es que el delito resulta en gran medida de elecciones influenciadas por aspectos concretos e inmediatos de las situaciones en que puede encontrarse un infractor potencial. Las acciones preventivas, que apuntan a modificar la situación precriminal, están pues orientadas a pesar sobre las decisiones que éste puede tomar antes de pasar al acto, alcanzando su objetivo cuando dicho infractor decide no exponerse a la tentación de violar la ley o cuando, ante tal tentación, llega a la conclusión que la comisión del delito es demasiado difícil y arriesgada, así como poco provechosa. Como puede verse, se trata de una especie de versión del homo oeconomicus, el cual, dotado de razón, efectúa un cálculo de los "costos" inherentes a la comisión del delito y de los beneficios que su actividad puede procurarle.

La investigación muestra la existencia de medidas de prevención situacional prometedoras, entre las cuales se cuentan las relacionadas con:

a) La vigilancia y la detección. Se trata de aquellas medidas concebidas con la finalidad de detectar las señales de una actividad delincuente y aumentar así los riesgos a que se exponen los infractores. Las principales son:

• la vigilancia realizada por determinadas personas (guardias de seguridad, conserjes, conductores de autobuses, vendedores en comercios, vecinos organizados, policías en patrulla);

• las medidas de vigilancia y detección (cámaras, videos, televisión en circuito cerrado, rayos X, sistemas de alarma, detectores de metales, etiquetas electrónicas, perros);

• la mejora de la visibilidad de los blancos potenciales y de los accesos a ciertos lugares (iluminación de calles y comercios, supresión de setos que oculten las entradas de las casas de la vista de los vecinos, reorganización de las estanterías de los comercios para suprimir todo lo que pueda obstruir la vista, instalación de las cajas de los comercios en el sector más visible de los mismos, instalación de las mercaderías más caras a la vista de los empleados);

• los sistemas telefónicos para comprobar la validez de las tarjetas de crédito, identificar las tarjetas robadas, etc.

b) Los obstáculos físicos. Con ellos se pretende reforzar el blanco elegido, rodeándolo de obstáculos materiales, con vistas a hacer difícil -e incluso imposible- la comisión del delito planeado o retardar las operaciones del delincuente. Las medidas más eficaces de esta naturaleza son:

• los obstáculos al acceso o a la penetración de un edificio (puertas reforzadas, cercas, barreras, rejas, cerraduras, cristales antibalas para proteger a cajeros y vigilantes);

• la inmovilización del blanco (mecanismos antirobos en los carros o de fijación de objetos, cajas de seguridad);

• dispositivos destinados a retrasar al delincuente durante su huida (dobles puertas en la salida de bancos, ausencia de puerta trasera en residencias);

• la mejora sistemática de las protecciones físicas residenciales, mediante inspecciones de seguridad.

c) Los controles de acceso, para impedir las intrusiones, controlar la circulación en un lugar o limitar su entrada a las personas autorizadas pare ello. Tales son:

• los puestos de guardia en la entrada de los lugares (guardias, barreras, cercas);

• los controles de la entrada a condominios o casas de apartamentos (teléfono, portero o conserje, sistema de entrada con tarjetas magnéticas);

• los códigos de acceso (número personal de identificación en los cajeros automáticos de los bancos, contraseña en las computadoras).

d) Las medidas destinadas a desviar al infractor de su blanco. Se trata de medidas que, mediante cambios en el entorno o en las costumbres y trayectos de la víctima potencial, apuntan a reducir la frecuencia de los contactos entre el delincuente potencial y su blanco. Las principales son:

• la organización de trayectos para evitar la convergencia entre delincuentes potenciales y su blanco (reorganización urbana utilizando calles sin salida, vías a sentido único, calles cerradas a la circulación automóvil, parqueos prohibidos, situación de las paradas de autobuses de tal manera que grupos de personas con riesgo -por ejemplo, estudiantes o individuos que frecuentan tabernas- no concurran espontáneamente hacia blancos interesantes, reorganización de zonas de parqueo y centros comerciales para evitar esta misma convergencia);

• la localización de sitios de reunión de delincuentes potenciales lejos de sus blancos (evitar colocar escuelas cerca de centros comerciales);

• la separación de adversarios mediante medidas físicas (instalar en los estadios barreras para separar a los aficionados de clubes adversos, ofrecer a las mujeres maltratadas una plaza en un centro de asistencia);

• la gestión de horarios para limitar la convergencia entre delincuentes y su blanco o sus víctimas (ajustar los horarios de autobuses a los de cierre de los lugares donde se venden bebidas alcohólicas, organizar en los estadios las llegadas y salidas para que los adversarios no puedan encontrarse, hacer salir de las escuelas a los escolares más jóvenes media hora antes que los de más edad).

e) La eliminación o reducción de los beneficios que pueda procurar el delito, mediante:

• los medios de pago sin dinero contante (utilización de tarjetas, tiquetes o pago en efectivo en los autobuses; teléfonos públicos que funcionan con una tarjeta magnética; pago con tarjeta de crédito en sitios con riesgo);

• la reducción de las sumas de dinero conservadas en las cajas (depósitos frecuentes en cajas de caudales o en el banco);

• la limpieza rápida de graffitis y la reparación de propiedades dañadas o deterioradas para quitarles a los vándalos el placer de volver a ver el "fruto de su trabajo";

• marcar los objetos de valor y las piezas de los automóviles (operación identificación);

• la vigilancia y detención de los encubridores;

• la instalación en los automóviles de radios que devienen inutilizables si son robadas, sin que se conozca el número capaz de reactivar el sistema electrónico;

• la instalación de sistemas electrónicos que permitan localizar un carro robado.

f) El control de instrumentos y objetos que puedan servir para la comisión de un delito. Así:

• el control de armas (prohibición del porte de armas de fuego y cuchillos en lugares con riesgo, utilización de detectores de metales para garantizar el respeto de esta regla, reglamentación de la venta y porte de armas de fuego);

• la eliminación de objetos que puedan servir como armas (en bares, parques públicos, estadios; reemplazo de las botellas de vidrio por recipientes de plástico);

• la incorporación en las tarjetas de crédito o de naturaleza similar de la fotografía de su propietario legítimo, para hacer más difíciles las estafas a través de estos instrumentos;

• la reglamentación de la venta de instrumentos (tales como los potes de pintura dotados de un vaporizador) que puedan servir a los autores potenciales de actos de vandalismo.

Pese a su pragmatismo y eficacia, que ha resultado en una extensión considerable del enfoque situacional, las teorías que lo sustentan han sido objeto sin embargo de diversas críticas que ponen en tela de juicio su pertinencia absoluta como instrumento de control social y muestran sus límites conceptuales y prácticos.

En primer lugar, aunque el campo de aplicación del enfoque situacional
es bastante amplio, existen serias dudas sobre su eficacia con respecto a determinadas
categorías de delitos y de delincuentes. En principio, las medidas de
esta naturaleza suelen tener como objetivo blancos materiales (personas o cosas)
y se refieren a las infracciones intencionales (agresiones, robos, fraudes,
etc.). En tales casos, la prevención situacional puede ser exitosa, a
condición de que las medidas previstas se adapten a las diversas variedades
de este tipo de blancos. Sin embargo, no parece concebible el recurso a medios
materiales para prevenir la comisión de delitos inmateriales, intelectuales
o morales (por ejemplo, los que atentan contra la dignidad o el honor de la
persona, o la violación del secreto profesional). Es asimismo dudosa
la eficacia de estos medios cuando se trata de infracciones no intencionales
(en particular, los delitos de imprudencia), ya que en estos casos la voluntad
está ausente o al menos no está vinculada al resultado delictivo,
faltando por consiguiente un elemento importante para una selección racional
del blanco. En cuanto a los delincuentes, aunque diversas investigaciones empíricas
muestran que numerosos infractores efectúan un cálculo racional
a corto plazo, otras indican la existencia de delincuentes que obedecen a motivos
irracionales; tales son los casos de los que cometen un delito bajo el efecto
de un impulso (por ejemplo, en algunos casos de violación, de violencia
doméstica o de asesinatos de niños) o de una enfermedad o debilidad
mental. Tampoco parecen ser eficaces las medidas preventivas con respecto a
numerosos delincuentes reincidentes y profesionales, capaces de estimar y superar
los obstáculos que momentáneamente les impidan o dificulten la
comisión de un delito, siéndolo en cambio para los infractores
ocasionales u oportunistas[37]

En segundo lugar, la noción de "situación precriminal" utilizada por los partidarios del enfoque situacional suele reducirse a las circunstancias que hacen posible el paso al acto, no tomándose en consideración sus dos elementos constitutivos: 1) un acontecimiento (o una serie de acontecimientos), a su vez compuesto(s) por uno o varios hechos, que hacen surgir el proyecto criminal en el ánimo del infractor y le proporcionan un motivo para su comisión y las circunstancias de la ejecución de dicho proyecto; y 2) la apreciación subjetiva que de ambos aspectos hace su autor antes de pasar a la acción[38]

Finalmente, algunos autores consideran aún deficiente el nivel de conocimientos sobre la pertinencia de la teoría según la cual el delincuente actúa como un ser racional, cometiendo sus delitos en forma premeditada y planificada; se señala en particular las limitaciones del método de contraste empírico utilizado (estudios sobre delincuentes en libertad o encarcelados, experimentos de simulación)[39].

2. La prevención social

Como ya se ha indicado, las intervenciones no penales sobre delincuentes potenciales orientadas a atenuar su propensión criminal están basadas en las clásicas teorías etiológicas del delito, según las cuales la acción criminal se explica por la existencia de diversos factores anteriores a su perpetración.

Los factores que, de acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo en diversos países, ejercen alguna influencia a corto o mediano plazo sobre las predisposiciones a la delincuencia son los siguientes[40]

• insuficiencias en la regulación social y en los lazos sociales (padres ausentes, indiferentes o negligentes; adolescentes insuficientemente integrados a su medio familiar, escolar o profesional; absentismo y mala conducta escolar; desarraigo y marginalidad)[41];

• frecuentación de pares delincuentes, codelincuencia y pertenencia a bandas criminales[42]

• necesidades insatisfechas que pueden ser colmadas por medios ilegítimos (necesidad de dinero para pagar deudas o satisfacer un deseo urgente; necesidad de acción, estímulo o excitación; frustración, deseo de venganza);

• consumo excesivo de alcohol y otras drogas;

• debilidades de la personalidad y carácter asociadas a la delincuencia persistente (insuficiencia del autocontrol, impulsividad, egocentrismo, deseo de gratificación inmediata)[43].

Teniendo en cuenta la presencia de uno o varios de estos factores, los objetivos de las acciones de prevención social centrados en el potencial actual del infractor deben tender a ayudarle a satisfacer sus necesidades esenciales y aspiraciones legítimas; facilitar su inserción familiar, escolar y profesional; reforzar los controles sociales informales en la familia y la escuela; disminuir los fracasos escolares, el absentismo y el abandono precoz de los estudios; desalentar los agrupamientos criminales y esforzarse en desmantelar las bandas delincuentes; luchar contra el abuso de alcohol y drogas; y hacer adquirir a tales sujetos las habilidades sociales que les faltan.

En el Cuadro 5 se presenta un ejemplo de este tipo de prevención. Las medidas mixtas combinan medidas situacionales e individuales, tal como aparece en el Cuadro 6.

Cuadro 5

Prevención social en las escuelas de los Países Bajos

Fuente: H.M. WILLEMSE, "Developments in Dutch Crime Prevention", en R.V. CLARKE (ed.), Crime Prevention Studies, vol. 2, Monsey, New York, Criminal Justice Press, 1994, pp. 33-48, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 14.

Cuadro 6

Prevención mixta en los HLM de Delft (Países Bajos)

Fuente: H.M. WILLEMSE, "Developments in Dutch Crime Prevention", en R.V. CLARKE (ed.), Crime Prevention Studies, vol. 2, Monsey, New York, Criminal Justice Press, 1994, pp. 33-48, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 16.

Pese a algunos beneficios indirectos para la colectividad, los programas clásicos de prevención social sólo han dado resultados mediocres, debido esencialmente a su presentación y aplicación como panaceas universales, cuando la delincuencia, no sólo constituye uno de los elementos de la vida social, sino asimismo un fenómeno complejo, que no puede resolverse con soluciones únicas y a corto plazo. Tampoco existe una teoría capaz de explicar por sí sola, el problema de la delincuencia. Además, los programas de esta naturaleza se han aplicado a poblaciones enteras, lo que ha hecho prácticamente imposible aislar las variables que intervienen en dichos programas[44]

Aunque el modelo de prevención social del delito es esencial, ya que ataca las causas profundas de la delincuencia, debe tenerse en cuenta que sus posibles efectos sólo podrán manifestarse en forma indirecta y en el mediano y sobre todo largo plazo. Considerarlo de otra manera sería hacer prueba de utopía o demagogia.

Contrariamente al enfoque situacional, las medidas de protección individual sobre el potencial criminal actual más prometedoras son mucho menos numerosas. Las que pudieran tener efectos a corto plazo apenas han sido evaluadas, y las que lo han sido, no siempre han dado resultados alentadores. Sin embargo, algunas de ellas ofrecen un potencial considerable, sobre todo por estar destinadas a atacar ciertos factores de la criminalidad grave. Las principales se aplican:

a) en el medio escolar, donde las siguientes modalidades de este tipo de medidas ofrecen las mejores posibilidades:

• la promulgación en la escuela de un código de vida claro para asegurar el respeto de la persona y de los bienes ajenos;

• la instauración de una disciplina consistente y firme, acompañada de sanciones justas, previsibles y aplicadas efectivamente;

• la firme sanción de conductas violentas;

• la organización de mecanismos de mediación y arbitraje de conflictos;

• la organización de actividades recreativas y para-escolares;

• la promoción de la inserción escolar y del sentimiento de pertenencia de los alumnos, integrándolos en escuelas y clases de dimensiones restringidas, bajo la supervisión de titulares que conocen bien a sus alumnos y pueden seguirlos de cerca;

• la lucha contra el absentismo, el fracaso escolar y el abandono, mediante un seguimiento sistemático de los alumnos que permita intervenir rápidamente, conjuntamente con los padres, cuando se manifiesten ciertas dificultades;

• la ayuda a los alumnos que presenten dificultades en el cumplimiento de sus deberes;

b) a los cómplices y bandas (en especial a sus líderes y a quienes reclutan cómplices), con la finalidad de impedir, mediante su vigilancia, el agrupamiento de infractores y el desarrollo de pandillas;

c) al mercado de trabajo, donde, para facilitar la integración de los jóvenes adultos, se preconiza ofrecer programas de formación y orientación profesional.

Finalmente, con respecto a las medidas de prevención del desarrollo del potencial criminal (o medidas sociales), su evaluación siempre ha presentado dificultades considerables, tanto por su aplicación a poblaciones excesivamente numerosas, como por las diversas influencias, difícilmente identificables y controlables, que en cualquier colectividad de cierta importancia pueden actuar en la aparición y desarrollo de una conducta delictiva. Estas medidas son, sin embargo, de gran interés ya que, pese a su acción en el largo plazo y sus costos elevados, se atacan a las causas profundas de la delincuencia.

D. Principios y condiciones de éxito

Una estrategia gubernamental en materia de prevención de la delincuencia debe partir de ciertos principios, que constituyen condiciones de éxito para la misma. Los más importantes son los siguientes:

1. Garantizar la seguridad de los miembros de una comunidad constituye una de las principales razones de ser del Estado y uno de sus monopolios incontestados. Si bien puede resultar beneficiosa la intervención complementaria de la iniciativa privada y comunal en dicha área, éstas deben ejercerse dentro del marco regulador y orientador que defina el Estado.

2. No puede haber una efectiva política en materia de prevención de la delincuencia en un contexto de empobrecimiento económico (pobreza, desempleo, etc.) y de deterioro de los mecanismos clásicos de socialización (educación, cultura, familia, etc.); por ello, las políticas y los programas a elaborarse en este campo deben, además de velar por los intereses de la colectividad, enfatizar en la protección de sus grupos más vulnerables y económicamente desfavorecidos.

3. Los factores que favorecen la criminalidad son múltiples y variados (económicos, políticos, sociales y culturales), por lo que las medidas a adoptarse en materia de prevención deben involucrar a diversos sectores de la sociedad.

4. En materia de prevención del delito, los recursos humanos y financieros suelen ser escasos, y los costos de algunos programas utilizados sumamente elevados. En una época de restricciones de esta naturaleza, deben buscarse modelos que presenten costos económicos relativamente bajos.

5. Se debe procurar que cualquier política o programa de prevención del delito se elabore y aplique sobre todo en el plano local (ciudades, municipios), con énfasis en los centros urbanos de población.

6. La aplicación de ciertos modelos de prevención puede generar a veces efectos no previstos o deseados (por ejemplo, informar a delincuentes potenciales sobre la vulnerabilidad de una zona o las técnicas de comisión de los delitos, incrementar el número de denuncias ante la policía, etc.). Aunque estos efectos no se pueden evitar o prevenir en diversas ocasiones, debe procurarse minimizarlos a la hora de diseñar los programas.

7. Si bien cualquier estrategia en materia preventiva debe insertarse en el marco global de la prevención social, en el corto plazo debe basarse esencialmente en la intervención policial y responder a necesidades inmediatas.

8. La acción de la comunidad es indispensable en la prevención del delito, y las iniciativas y estrategias en este campo deben reunir a representantes de una amplia gama de sectores así como recibir el apoyo de la colectividad. Para ello, se precisan campañas de sensibilización de la población.

9. Cualquier política preventiva debe basarse en el sentido de la responsabilidad individual y colectiva, la reducción de las ocasiones de delincuencia y el desarrollo social y comunitario.

10. Las políticas de prevención deben basarse en el enfoque "solución de problemas".

11. Las políticas y estrategias de prevención deben asimismo basarse en un liderazgo compartido entre las diversas instituciones involucradas.

12. También deben beneficiarse del apoyo de las leyes, que han de adaptarse a sus objetivos fundamentales.

13. Igualmente deben contar con un financiamiento adecuado.

14. Las medidas de prevención del delito no constituyen panaceas universales, por lo que su aplicación ha de acompañarse de experiencias piloto debidamente evaluadas.

15. No debe olvidarse que el sistema de justicia forma un conjunto con diversos componentes, lo que deberá tomarse en consideración a la hora de determinar su participación en programas de prevención del delito.

El modelo propuesto y sus etapas

El análisis efectuado en el capítulo anterior sobre las concepciones y enfoques en materia de prevención del delito nos ha llevado a privilegiar el enfoque combinado de la prevención situacional (cuyo impacto puede evaluarse a corto plazo) y de la prevención individual o social (su eficacia puede determinarse a mediano o largo plazo). El modelo que seguidamente se propone tiene en cuenta esta perspectiva.

Su elaboración y aplicación implica, sin embargo, una serie de fases y etapas indispensables para conseguir su principal objetivo: impedir la comisión de un delito o limitar su alcance. Estas fases son: la determinación y análisis de los problemas delictivos en una colectividad dada, la elaboración de un plan de acción destinado a solucionarlos, la ejecución de dicho plan y su control y evaluación[45]En la medida en que la acción policial es primordial en materia preventiva, se le dedica una sección aparte. En el Cuadro 7 se presenta una síntesis de las fases y etapas del modelo.

A. Diagnóstico de los problemas de la comunidad

Esta fase de investigación se basa en las estadísticas criminales y en la información que pueda resultar de diversos tipos de consultas a la colectividad para definir los problemas relacionados con la criminalidad en una comunidad dada, establecer prioridades entre ellos y describir los aspectos esenciales de tales problemas mediante un análisis detallado de la criminalidad. Esta operación permite enunciar claramente los problemas que han de ser abordados. El producto esperado al concluir esta fase es una descripción lo más detallada posible de los problemas particulares existentes en dicha colectividad.

Cuadro 7

Fases y etapas para la planificación de un programa de prevención

Fuente: Pour un Canada plus sûr. Guide de prévention communitaire du crime, Ottawa, Ministère de la Justice du Canada, 1996, p. 3.

Tres etapas son indispensables para completar esta fase.

1. Determinación de sus problemas

Para identificar y analizar los problemas de una colectividad se precisa una descripción de la misma, recurriendo para ello a diversas fuentes de información.

Cualquiera que sea la fuente de información utilizada, los datos compilados son esenciales para establecer la existencia de un problema criminal. Dicha determinación plantea la cuestión de la cantidad y gravedad de delitos necesarios para poner en peligro la calidad de la vida social. Unicamente en términos de juicios de valor puede llegarse a la conclusión de que el estado de la criminalidad, determinado por la conjunción de datos estadísticos y la percepción de la comunidad, es intolerable y que "debe hacerse algo".

1.1. Descripción de la colectividad

Esta primera etapa permite sobre todo determinar las personas y organismos que deberían participar en la definición y resolución de los problemas que aquejan a la colectividad. En la mayoría de los casos, se trata de una tarea relativamente sencilla, ya que tal colectividad corresponde a menudo a regiones geográficas naturales o a territorios administrativos bien delimitados (por ejemplo, una ciudad pequeña, un barrio, una zona escolar). En algunos casos, sin embargo, se necesitará establecer arbitrariamente los límites de la comunidad sobre la cual ha de aplicarse el programa (tal sería el caso de una ciudad grande o mediana). También puede ocurrir que un problema de interés común (drogas, violencia) agrupe a personas u organismos que no pertenecen necesariamente a la misma región geográfica o administrativa, debiendo entonces establecerse en el programa los mecanismos adecuados para su tratamiento conjunto.

1.2. Fuentes de información

Numerosas fuentes de información ayudan a la determinación de los problemas de la colectividad. Las más importantes son las estadísticas policiales y las consultas en el medio.

a) Las estadísticas policiales suelen ser una excelente fuente de información sobre la criminalidad en aquellos países que poseen este tipo de instrumento[46]Para determinar los problemas delictivos de una comunidad, debería disponerse de diversos datos que a veces no figuran en las estadísticas policiales, en especial sobre lo siguiente:

• amplitud y frecuencia del fenómeno: número de delitos señalados durante un período dado;

• tasas (por 10.000 habitantes): con la finalidad de poder comparar la situación criminal en ciudades o regiones con poblaciones de diferente magnitud;

• tendencias: o evolución de las tasas con respecto a una fecha anterior, para saber si algunos tipos delictivos devienen más o menos frecuentes;

• riesgo de criminalidad: esta medida, más útil que las tasas por X habitantes, consiste en determinar el número de delitos específicos que se cometen durante cierto período de tiempo (por ejemplo, vehículos robados en un año por cada 1.000 vehículos, o robos en residencias por cada 1.000 residencias);

• consecuencias de la criminalidad: sobre todo la importancia de las lesiones (estos datos pueden conseguirse en hospitales o compañías de seguros), las pérdidas financieras (en las compañías de seguros) y los resultados obtenidos por la intervención del sistema penal (tasas de delitos resueltos por la policía o de recuperación de objetos robados, número de condenas y tipo de sanciones, etc.).

b) Las consultas a la colectividad constituyen una etapa crucial del proceso de planificación de programas de prevención ya que, además de completar o suplir los datos que puedan obtenerse de las estadísticas oficiales, permiten captar la percepción que la comunidad tiene de sus problemas y asegurar su participación en dichos programas.

Las informaciones procedentes de esta fuente pueden obtenerse mediante encuestas entre muestras significativas de ciudadanos, entrevistas con personas clave, reuniones y audiencias públicas y reportajes en los medios de comunicación.

Las encuestas entre una muestra significativa de ciudadanos son el método más tradicional para recoger datos sobre la colectividad y sus problemas. En particular, constituyen el instrumento más idóneo para determinar tanto el sentimiento de inseguridad como el grado de victimización de la población. Sin embargo, su costo suele ser elevado[47]Con respecto a las encuestas de victimización, los datos obtenidos proporcionan importantes elementos de información sobre la realidad criminal (por ejemplo, el tipo de personas más propensas a ser víctimas de determinados delitos) que pueden servir a una mejor identificación de los programas de prevención. Asimismo permiten obviar el conocido fenómeno de la "cifra negra" de la criminalidad, o sea, aquellos delitos que no son denunciados a las autoridades policiales o judiciales; gracias a ellas, puede evaluarse la proporción de delitos denunciados, las razones por las cuales ciertas infracciones no son llevadas a conocimiento de las autoridades y las relaciones existentes entre los autores y las víctimas.

Las entrevistas con personas clave de la comunidad constituyen otro método importante para identificar sus problemas. Con este recurso se evitan los altos costos y la complejidad de una encuesta de opinión pública. Las entrevistas deben hacerse con personas que, por conocer bien los problemas locales y la colectividad, pueden servir de portavoces de ésta y ayudar además a la identificación de los organismos comunitarios y grupos de ciudadanos interesados por la prevención del delito. Como ejemplo de posibles personas a entrevistar, mencionemos los concejales del municipio, los representantes de iglesias y empresas, los dirigentes de escuelas y hospitales, los líderes de grupos minoritarios y asociaciones de mujeres, los grupos filantrópicos, los funcionarios de bienestar social, los policías (en especial, los patrulleros que actúan regularmente en el sector analizado), los jueces y abogados, los agentes de prueba y libertad condicional, los trabajadores en algunos organismos (centros de desintoxicación), los representantes de los medios de comunicación, los conductores de taxis, los gerentes y empleados de bares y tabernas, etc.

Las reuniones con miembros de la comunidad (sobre todo si se trata de un barrio), que pueden adoptar la forma de asambleas generales, mesas redondas o grupos de concertación, son asimismo útiles, tanto para contribuir a la determinación más detallada de los problemas de la zona y sus posibles soluciones como para la consecución del consenso necesario en la implantación de programas preventivos. En diversos países, este tipo de reuniones ha tenido gran éxito cuando se trataba de grupos particulares (mujeres, jóvenes, personas de edad).

Las audiencias públicas, comisiones o grupos de estudio suelen también proporcionar datos de interés relacionados con el análisis de la situación y las soluciones propuestas. Su principal inconveniente reside en el hecho de que sus organizadores no tienen generalmente ningún control sobre el número de miembros de la colectividad que participan en ellas, y que los participantes no siempre representan necesariamente a los demás integrantes de la comunidad.

Finalmente, los reportajes en los medios de comunicación (sobre todo, los debidos a especialistas del tema), aunque importantes como suplemento de información y reflejo de las percepciones de la comunidad, muy a menudo son incompletos, se refieren sobre todo a ciertas formas espectaculares de criminalidad y contienen numerosos estereotipos sobre el fenómeno criminal y el delincuente.

2. Establecimiento de prioridades

Una vez obtenidos, clasificados y analizados los problemas de la comunidad, la etapa siguiente del proceso de planificación consiste en la determinación de prioridades. Sin embargo, clasificar por orden de prioridad los problemas detectados no es una tarea fácil o automática. Así, ¿qué importancia debe darse a un delito con violencia, que ha ocasionado lesiones y con respecto al cual los resultados de la intervención del sistema penal (policía, tribunal, prisión) son mediocres y las posibilidades de mejorar la situación son escasas, frente a una infracción contra la propiedad, ante la cual el nivel de inseguridad y temor de la población es elevado, los bienes son recuperados y las posibilidades de mejorar la situación son grandes? Lo esencial en este caso para una decisión acertada es la experiencia y el juicio del equipo planificador, unidos a un buen conocimiento de la comunidad y sus preocupaciones.

Aunque no existen reglas establecidas para determinar las prioridades de la colectividad, ciertos criterios pueden facilitar la toma de decisiones, entre ellos los siguientes: ¿debe privilegiarse el problema que presenta la mayor amplitud, la tasa más alta, el riesgo más elevado, los costos más considerables, la mayor eficiencia del sistema penal, las mejores posibilidades de solución?

A título de ejemplo, y con base en los resultados de diversas investigaciones que han mostrado cómo ciertos individuos o familias son objeto de victimizaciones múltiples, los responsables de programas deberían considerar prioritaria la prevención de este tipo de victimización[48]En el Cuadro 8 se exponen las grandes líneas de un proyecto de esta naturaleza.

Cuadro 8

Prevención de victimizaciones múltiples en casos de allanamientos de morada en Kirkholt (Gran Bretaña)

Fuentes: D. FORRESTER y otros, The Kirkholt Burglary Prevention Project, Rochdale, London, Home Office, Crime Prevention Unit, Paper 13, 1988, citado por CUSSON y otros, op. cit., p. 37.

Para que un programa de prevención del delito cumpla con sus objetivos, debe además limitarse su alcance, concentrando los recursos existentes -que no siempre son abundantes- sobre cierto número de problemas de posible solución.

3. Análisis detallado de los problemas seleccionados

La última etapa de esta primera fase consiste en interpretar las tendencias observadas describiendo con el mayor detalle posible el problema seleccionado, lo que orientará las etapas siguientes del proceso de planificación. Esta actividad, cuya finalidad esencial es adaptar los programas de prevención a las condiciones particulares del medio sobre el que se quiere actuar, comporta dos elementos primordiales: la descripción del problema y la descripción del medio.

3.1. Descripción del problema

Para la obtención de un buen programa de prevención, se precisa la compilación y estudio de toda la información posible sobre los problemas seleccionados. En especial, debe tenerse en cuenta el análisis de los siguientes factores:

a) las características de las víctimas y de los blancos: datos básicos sobre las víctimas (edad, sexo, origen étnico y profesión), tipo y localización de residencias y establecimientos comerciales, y naturaleza y clase de bienes robados;

b) las características de los infractores: la compilación de datos básicos sobre los infractores (edad, sexo, origen étnico, distancia recorrida para cometer la infracción, antecedentes penales y móvil probable) puede ser más difícil que la referente a las víctimas, ya que los autores de numerosos delitos no son arrestados por la policía; sin embargo, incluso en aquellos casos en que hay sospechosos concretos, pueden emitirse hipótesis sobre las características de ciertos infractores (por ejemplo, algunos tipos de allanamiento de morada indican que se trata de aficionados más bien que de profesionales, y si los vehículos robados son raramente encontrados, que sus autores pertenecen a bandas organizadas en vez de ser jóvenes que sólo han querido utilizarlos para darse un paseo durante un fin de semana). Las características de los infractores son de especial importancia para la elaboración de programas de prevención social, destinados a modificar su conducta o impedir que ciertos adolescentes se conviertan en delincuentes;

c) el consumo de alcohol y drogas: en la medida en que una proporción considerable de la delincuencia urbana suele estar relacionada con este tipo de problemas, deberán concebirse programas sociales a largo plazo orientados hacia los individuos implicados y las colectividades afectadas;

d) el momento de comisión del delito: el tipo de programa a aplicar será tanto más adecuado y eficiente cuanto más se sepa acerca del momento (hora, día de la semana, mes del año e incluso estación) en que suelen cometerse ciertos delitos; por ejemplo, si el número de infracciones menores cometidas por jóvenes en la tarde aumenta o es considerable, puede deducirse que este momento coincide con la salida de la escuela, por lo que podría establecerse un programa de recreo vigilado después de las clases, y si los allanamientos de morada ocurren con mayor frecuencia durante el día, esta situación puede atribuirse a la ausencia de moradores, debido a una proporción cada vez mayor de mujeres que trabajan;

e) el modus operandi: conocer la forma de operar de los infractores suele ser de gran utilidad para la prevención del delito;

f) la localización del objeto o de la víctima: los estudios sobre la distribución geográfica de la delincuencia revelan que diversos delitos están generalmente concentrados en sectores particulares (por ejemplo, las riñas y los actos de vandalismo se dan más a menudo en las cercanías de bares y establecimientos similares en donde se venden bebidas alcohólicas);

g) las ocasiones: ciertos delitos tienen su origen en el hecho de que determinadas ocasiones propicias se presentan a delincuentes potenciales (tales serían los casos de calles insuficientemente iluminadas, de inmuebles de apartamentos con malas cerraduras o de la ausencia de vigilancia en los parqueos de centros comerciales);

h) los controles sociales: para limitar y prevenir la comisión de delitos es indispensable un conocimiento de la existencia y eficacia de ciertos mecanismos de control social, entre ellos de sistemas de control de accesos a residencias y comercios, la vigilancia efectuada por personal especializado, los equipos de vigilancia y detección, los métodos policiales de investigación, las sanciones impuestas por los tribunales y los métodos de liberación de los delincuentes condenados.

3.2. Descripción del medio

Asimismo debe disponerse de información sobre las características físicas y sociales del medio donde se aplicarán programas de prevención del delito.

a) En cuanto a las características físicas, los datos más pertinentes conciernen:

• el tipo y estado de las residencias, en especial su estado de vetustez o deterioro;

• el aspecto general de la zona (presencia de graffitis, basura, vidrios rotos, etc.);

• circulación y transporte: cercanía de una vía rápida (para poder huir con mayor facilidad), arteria que divide físicamente a un barrio o zona, sistema de transporte colectivo (a menudo utilizado por los infractores para desplazarse hacia los parqueos con la finalidad de robar carros);

• densidad: los barrios sobrepoblados suelen ser más victimizados;

• tipo y concentración de empresas e industrias: algunas de ellas (centros comerciales, tabernas, etc.) pueden contribuir a la delincuencia atrayendo a gente de fuera del barrio;

• zonas limítrofes: los delitos suelen ser más numerosos en las zonas limítrofes entre un sector residencial y otro industrial o comercial.

b) En lo que respecta a las características sociales, deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

• edad: las personas de edad se sienten particularmente vulnerables, pero están a menudo dispuestas a participar a título benévolo en los programas de prevención;

• sexo: las mujeres son especialmente vulnerables a ciertos delitos (agresión sexual, violencia conyugal);

• condición socioeconómica: el mismo tipo de problema puede presentar características diferentes según el barrio (por ejemplo, los allanamientos de morada cometidos en un barrio rico suelen deberse a delincuentes profesionales que buscan objetos de valor, mientras que el mismo delito en un barrio más pobre se debe a menudo a infractores que aprovechan una ocasión propicia);

• origen étnico y nacionalidad: ciertas categorías de personas pueden ser con mayor frecuencia a la vez víctimas y autores de delitos;

• composición de las familias: los programas de prevención deben adaptarse a las características de la familia (así, si todos los miembros de la familia trabajan fuera de su domicilio durante la mayor parte del día, los programas centrados en la vigilancia mutua de las casas por los habitantes del barrio están destinados al fracaso; y en los barrios donde residen muchas familias monoparentales, debería ayudarse a las madres mediante la instauración de programas de guardería de niños);

• estabilidad: es más fácil aplicar programas de prevención en barrios sin conflictos, entre otras razones porque los propietarios se interesan más por su barrio que los inquilinos;

• comunicación: gracias a las encuestas y a la observación sistemática del comportamiento de los residentes, se puede evaluar el grado de comunicación entre ellos; los programas de prevención tendrán tanto más éxito cuanto mejor sea dicha comunicación;

• escuelas: como cierto número de delitos son cometidos por jóvenes, conviene informarse acerca del papel jugado por las escuelas del barrio, sobre todo para evitar el absentismo y desarrollar actividades paraescolares;

• actividades de los jóvenes: por las mismas razones, debe indagarse sobre la existencia -o inexistencia- de actividades recreativas o sociales en la zona;

• situación económica general: sirve para determinar si en el barrio hay problemas de pobreza o desempleo, a menudo factores importantes de la delincuencia y otros problemas sociales.

B. Elaboración de un plan de acción

La segunda fase concierne la planificación estratégica,
y durante sus cinco etapas se establecerá el nivel de intervención
del programa, se seleccionará a los participantes eventuales, se escogerán
las mejoras estrategias para su aplicación y se determinarán sus
metas y objetivos, siendo el producto esperado la elaboración de un plan
de acción detallado destinado a corregir los problemas detectados en
la primera fase.

1. Determinación del nivel de intervención

La primera etapa de esta segunda fase consiste en determinar el nivel de intervención más adecuado para el éxito del programa. Algunos programas tienen un alcance nacional o provincial, mientras que otros pueden aplicarse en el plano de una ciudad, un municipio, un barrio, una manzana de casas, un grupo e incluso un individuo. Por ejemplo, para reducir el número de allanamientos de morada se pueden adoptar los siguientes medios: obligar a las empresas constructoras a respetar ciertas medidas de seguridad, crear comités de vigilancia del barrio, reforzar las medidas de seguridad en las residencias, ofrecer a los jóvenes mejores posibilidades de estudio y empleo, y aumentar la frecuencia de las patrullas policiales. El nivel de intervención dependerá de la naturaleza del problema a resolver y del tiempo y recursos disponibles. En general, los programas más prometedores son los basados en una intervención en el plano local.

2. Selección de participantes

Una vez establecido el nivel de intervención, deben determinarse las personas e instituciones que participarán en la planificación y puesta en práctica de las medidas preventivas. Por su conocimiento de los problemas y recursos de la comunidad y por razones de economía, una de las mejores maneras de movilizar a los ciudadanos es utilizar los grupos comunitarios ya existentes y con cierta reputación en el medio.

La selección dependerá del lugar en donde las medidas se aplicarán y del problema (delito) que quiera resolverse. Expliquemos esto con un ejemplo hipotético. Se ha determinado que el problema prioritario de la zona es la violencia conyugal, y la descripción de dicho problema indica que, pese a la estabilidad de la cantidad de arrestos por este tipo de infracción en los tres últimos años, el número de llamadas a la policía y de mujeres albergadas en refugios para mujeres maltratadas ha aumentado en un 10% cada año, y que además algunos casos de mujeres asesinadas por su cónyuge -o su ex cónyuge- han recibido una amplia publicidad periodística. Como el problema parece extenderse a toda una ciudad y no poder solucionarse localmente (en cada barrio), se puede determinar que la planificación debe hacerse a nivel municipal. En cuanto a las personas que deberían formar parte del proceso de planificación, parece evidente que debería recurrirse a representantes de los diversos sectores del sistema de justicia penal: de la policía (ya que esta institución es generalmente la primera en entrar en contacto con los autores de violencia conyugal), de los tribunales y del sistema penitenciario, ya que uno de los objetivos del programa podría ser la mejora de la reacción del sistema penal frente a este fenómeno; de las asociaciones de mujeres y de los centros de resguardo para mujeres maltratadas, buenos conocedores de la problemática[49]

Pudiera ser que algunas comunidades -sobre todo en las zonas rurales- no dispongan de los recursos suficientes para la aplicación de programas preventivos o se caractericen por un débil grado de organización social. En estos casos, antes de pensar en la planificación de cualquier medida o en la creación de una nueva estructura, las personas interesadas deberían dedicar parte de sus recursos a organizar la comunidad con vistas de prevenir la delincuencia, integrando dichas medidas en el mandato de los organismos comunitarios que posiblemente laboren en diversos otros dominios.

3. Determinación de las estrategias más prometedoras

Las etapas que acaban de describirse facilitan la identificación de diversas estrategias destinadas a resolver los problemas delictivos de la comunidad seleccionada. Antes de analizarlas, debe tenerse en cuenta que pocos problemas de esta naturaleza son completamente nuevos. Posiblemente otras colectividades similares los han vivido, y su experiencia, a veces descrita en artículos especializados o informes gubernamentales, puede ser útil; asimismo interesa tomar en consideración los aportes de policías con formación y experiencia en el tema preventivo.

Con estos datos, una sesión de discusión general puede facilitar la adaptación de métodos aplicados con éxito en otros sitios o la búsqueda de nuevas estrategias.

Esta sesión de discusión permite además establecer un listado de todas las estrategias posibles para el problema prioritario previamente considerado, debiendo eliminarse las que no presentan un carácter práctico o no se adaptan a dicho problema.

La evaluación de las estrategias restantes puede hacerse mediante la utilización de criterios tales como la forma que debe adoptar la estrategia para resolver el problema, sus posibilidades de éxito, los costos de su puesta en marcha, la fuente de los fondos y del personal necesarios para su aplicación, el tiempo que se necesitaría para la aplicación del programa y para que éste tenga un impacto sobre el delito, las personas, organismos o circunstancias que podrían oponerse al mismo, sus beneficios secundarios, las condiciones previas a y las dificultades en su aplicación, sus deficiencias y las consecuencias si no se alcanzaran los objetivos de la estrategia.

4. Definición de metas y objetivos

La etapa consistente en la determinación de las metas y objetivos del programa es una importancia capital para la orientación de su puesta en práctica, la asignación de recursos, el control de los progresos realizados y la evaluación final. Se entiende por meta el objetivo final de un programa (por ejemplo, en un programa de tres años, la reducción en un 10% de los allanamientos de morada al terminar este período) y por objetivo toda actividad precisa a realizar con la finalidad de alcanzar dicha meta (así, hacer participar al 75% de los hogares de un barrio en un programa de vigilancia de barrio al finalizar el primer año).

Es importante establecer objetivos realistas en lo referente a resultados esperados y fechas; si se tiene en cuenta que numerosos participantes lo hacen en forma benévola, más vale para su valorización alcanzar objetivos modestos que fracasar en los más ambiciosos.

Asimismo, los objetivos han de ser claros, específicos y susceptibles de medida. Muy a menudo, los objetivos asignados a programas preventivos no se corresponden con lo que debiera ser strictu sensu la prevención del delito (por ejemplo, algunas actividades de animación sociocultural)[50]. En cambio, la mayoría de los programas recientes, que han dado buenos resultados, se proponen objetivos precisos y modestos.

Para algunos autores, la disminución del sentimiento de inseguridad
de los ciudadanos no debería ser considerada como un objetivo en materia
de prevención. Aunque sea comprensible e importante actuar, no solamente
sobre las causas de la delincuencia sino también sobre sus consecuencias
cercanas (la percepción de inseguridad), esta ampliación plantea
numerosos problemas de índole conceptual y técnica. En primer
lugar, por su naturaleza subjetiva, el sentimiento de inseguridad no puede medirse
mediante las estadísticas disponibles, haciendo falta encuestas de opinión
costosas, con una metodología compleja y cuya interpretación no
siempre es fácil. En segundo lugar, la criminalidad puede ser la causa
del sentimiento de inseguridad, pero no es ni la única ni la más
determinante (dicho sentimiento depende, no sólo de la percepción
de una posible victimización, sino también de la gravedad anticipada
de los costos personales en que se incurriría en caso de delito, la cual
es determinada a su vez por la vulnerabilidad objetiva de las víctimas
potenciales; además, las zonas urbanas donde el sentimiento de inseguridad
es más acentuado raramente coinciden con aquéllas en las cuales
la densidad criminal es más elevado). Por último, existen contraindicaciones
con respecto a pretender bajar a cualquier precio el sentimiento de inseguridad,
que a menudo es la resultante de factores difícilmente controlables,
pudiendo además ser poco realista luchar contra percepciones, en vez
de enfrentarse a problemas concretos[51]

En principio, cada problema -o elemento de problema- debería estar ligado a un objetivo, y cada objetivo a una actividad. La determinación de objetivos y actividades permite indicar a cada participante lo que tiene que hacer. Si todos los objetivos no pueden alcanzarse, al menos se podrá evaluar la razón y efectuar los ajustes adecuados para que el resultado final no quede comprometido.

5. Elaboración del plan de acción

El respeto de las etapas precedentes permite la elaboración de un plan de trabajo, que constituye el producto esperado de esta fase. Dicho plan, que debe tener cierta flexibilidad e indicar claramente los objetivos del programa así como las fechas de inicio y fin de las diversas actividades que lo componen y las personas participantes, permite definir funciones y actividades precisas.

C. Ejecución del programa

Esta tercera fase (de acción), cuyo producto esperado es la puesta en marcha del programa elaborado, plantea los problemas de la participación en el mismo de las diversas instancias y personas de la comunidad interesadas por el tema y de su continuidad.

1. Cómo garantizar la participación de la colectividad

Puesto que la mayoría de los programas de prevención del delito dependen de la colaboración y participación de la colectividad -en particular de las personas que trabajan en forma benévola en diversas asociaciones y organismos comunitarios-, deben buscarse los medios más idóneos para garantizar dichas colaboración y participación.

En general, la mejor manera de solicitarlas consiste en los contactos personales, recurriéndose para ello a las listas de instituciones, organismos y asociaciones que suelen existir al menos en las ciudades de cierta importancia. Asimismo, y conjuntamente, en la utilización de una adecuada estrategia de comunicación, mediante mensajes de interés público en la televisión, radio y prensa escrita, folletos informativos adjuntos a las facturas de servicios públicos (luz, teléfono, agua, etc.), carteles fijados en lugares de trabajo, escuelas, bibliotecas, terrenos de juego, condominios e inmuebles de apartamentos, visitas a grupos especiales (jóvenes, mujeres, personas de edad, organismos religiosos) y artículos en los periódicos de barrio o en las circulares enviadas a empresas y sindicatos. Es de especial importancia la colaboración y participación de los servicios policiales del país o de la zona, así como de los medios de comunicación.

Para llamar la atención de los posibles interesados y hacerles
participar en el programa, pueden igualmente difundirse a través de los
mismos métodos antes indicados los resultados de los análisis
de la criminalidad y de las encuestas realizadas en la colectividad. Las investigaciones
recientes indican, además, que no es fácil mantener hasta el final
la motivación de los participantes, sobre todo si se espera de ellos
actividades poco gratificadoras o que exijan demasiado tiempo y esfuerzos o,
cuando se trata de funcionarios, si deben realizar un trabajo suplementario
no remunerado. Por ello, las estrategias preventivas con este tipo de participación
deberían integrarse en los diversos medios sin perturbar las costumbres
de la gente, limitar su libertad de movimiento y perjudicar su intimidad.

2. Cómo garantizar la continuidad del programa

En la gran mayoría de los casos, las actividades destinadas a la prevención -sobre todo social- del delito no pueden tener efectos en un corto plazo, sino que se extienden durante largos períodos. Por ello, importa que se elaboren y adopten estrategias en este sentido antes de poner en marcha cualquier programa.

Para asegurar la continuidad del programa y mantener el interés y estímulo de sus participantes -en particular de los voluntarios-, pueden utilizarse diversos métodos. Una buena formación permite hacerles conocer los objetivos del programa y procurarles una competencia que hará su trabajo más productivo y agradable. También se les puede confiar tareas que presenten para ellos cierto interés y exijan un nivel de compromiso realista. Asimismo, una buena planificación de los programas suele tener efectos positivos sobre los voluntarios, ya que les ofrece la posibilidad de perseguir objetivos claramente definidos y tener la impresión de hacer progresos.

Igualmente, los responsables de los programas deben permanecer regularmente en contacto con los voluntarios y darles la oportunidad de comentar su funcionamiento. Muy a menudo, un boletín constituye una excelente manera de tenerlos informados y destacar los éxitos obtenidos. También es importante un liderazgo fuerte; para conseguirlo, se pueden prever talleres al respecto y planificar el relevo, ya que los voluntarios no estarán siempre disponibles.

Finalmente, el equipo director debe mostrar a los participantes que aprecia el trabajo y esfuerzo realizados mediante recompensas sobre todo de índole moral, tales como reconocimiento público de su contribución o la organización de fiestas en el barrio.

D. Control y evaluación del programa

La cuarta y última fase está destinada al control del proceso de aplicación del programa y a la evaluación de su impacto sobre el problema. Se trata de una fase esencial en cualquier programa de prevención del delito, siendo el producto esperado la obtención de datos que permitan determinar si debe mantenerse el programa, así como los cambios que en él deban hacerse.

1. Control de la aplicación del programa

El control de cada una de las etapas de la aplicación del programa permite, no solamente saber si sus objetivos se están cumpliendo -y, en caso negativo, las razones de incumplimientos o retrasos en los plazos establecidos-, sino también llevar a cabo los ajustes o cambios que se impongan.

2. Evaluación del impacto del programa

Más importante es la evaluación del impacto del programa. Una evaluación bien concebida cumple con dos funciones esenciales: determinar si el programa ha cambiado la situación en la colectividad y justificar la continuación y/o extensión de otras actividades preventivas. Con respecto a este último punto, una evaluación de tipo costo/beneficio aporta elementos capitales a los posibles organismos financiadores sobre la oportunidad de implicarse en programas de prevención; el abandono de diversos programas de prevención social aplicados en los Estados Unidos en los años 60 y 70 se debe sobre todo a su alto costo (centenares de millones de dólares) y a sus mediocres resultados.

Toda evaluación puede articularse alrededor de tres aspectos claves: ¿quién debe hacerla? ¿cuándo? y ¿cómo?

2.1. ¿Quién debe hacer la evaluación?

La evaluación puede ser efectuada por algún miembro del programa o por una persona ajena al mismo. En ambos casos, todos sus miembros deberían estar asociados a dicho proceso y comprender la importancia de llevar correctamente sus expedientes y ponerlos a la disposición del evaluador.

Se reconoce unánimemente que, si los fondos lo permiten, la evaluación debería confiarse a especialistas no vinculados al proyecto, que podrían reclutarse recurriendo a una empresa privada o a las facultades de ciencias sociales; esta manera de proceder garantiza a la vez la competencia (sobre todo en lo atinente a la determinación de la metodología a seguir), independencia y objetividad del evaluador. Si se retienen los servicios de un evaluador externo, importa hacerle participar en el proyecto desde su fase inicial, para que pueda contribuir a la elaboración de los métodos de evaluación del programa antes de su ejecución y los cambios que se necesiten durante la misma.

2.2. ¿Cuándo hacer la evaluación?

Como acaba de indicarse, es sobre todo al principio y al final del programa cuando se necesitan los servicios de un evaluador profesional e independiente.

Al principio, la evaluación contribuye a establecer el orden de prioridad de los problemas de la comunidad, a determinar las medidas más adecuadas para solucionarlos y a fijar los criterios e indicadores susceptibles de medir el impacto del programa. Al final, para estimar dicho impacto. En este último caso, la evaluación debería hacerse después de un plazo razonable (entre tres y nueve meses) de la conclusión del programa; si su impacto se evalúa demasiado pronto, los efectos del programa no habrán podido aún manifestarse, y si se hace demasiado tarde, puede que empiecen a disiparse.

Asimismo, los evaluadores externos deberían hacer evaluaciones intermedias, conjuntamente con los controles de aplicación llevados a cabo por miembros del equipo del programa. Uno de los métodos más utilizados con esta finalidad consiste en la realización de visitas en el medio.

2.3. ¿Cómo hacer la evaluación?

Dos tipos de enfoques suelen ser utilizados con respecto a esta fase: de acuerdo con un enfoque a priori, el equipo elabora un proyecto, constituyendo la evaluación una de sus principales etapas; según un enfoque a posteriori, el investigador decide medir el impacto de un proyecto ya aplicado o en curso de aplicación.

Este último enfoque conviene mejor a programas destinados a intentar solucionar un problema criminal bien definido, con objetivos precisos y medios adecuados. Además, presenta un carácter realista, digno de tenerse en cuenta. En efecto, es raro que no pueda hacerse nada para enfrentarse a cualquier problema relacionado con la criminalidad, ya que, por ejemplo, las víctimas suelen adoptar un mínimo de precauciones, la policía realiza investigaciones o el municipio mejora el alumbrado de sus calles. Lo anterior significa que la mayoría de los proyectos de prevención se limitan a añadir algunas medidas nuevas a lo que ya se está haciendo, por lo que entonces se está evaluando sobre todo la eficacia marginal del proyecto.

Puesto que, en definitiva, la evaluación consiste en determinar si se han alcanzado las metas y objetivos del programa, debe disponerse de indicadores que puedan servir para esta finalidad y establecer los factores numéricos que representen un éxito (por ejemplo, reducción en un 10% de los allanamientos de morada en el sector seleccionado). Para ello, se precisan datos básicos que permitan comparar la situación al principio y al final del programa; dichos datos pueden proceder de las fuentes mencionadas en la sección A de este capítulo (estadísticas policiales, encuestas, entrevistas, etc.).

Este tipo de evaluación, llamado en la jerga especializada "antes-después", y que no sólo es el más utilizado actualmente[52]sino que se estima seguirá siéndolo en forma masiva en los próximos años, comprende cuatro elementos esenciales[53]

• la determinación de al menos dos períodos de análisis para comprobar el impacto del programa: el período "control" (antes) y el período "experimental" (después);

• la identificación y descripción sistemática del delito -o de los delitos- que servirán de criterio para medir los efectos del programa;

• la descripción precisa de la intervención y de la puesta en marcha del programa, debiendo prestarse una atención especial al elemento humano; y

• los datos comparativos antes y después de la aplicación del programa.

Para la comparación se suele utilizar dos delitos o dos lugares (uno control, otro experimental), aunque a veces se emplea como elemento de control la totalidad de la criminalidad de una ciudad, con la finalidad determinar si la posible baja en el lugar experimental no constituye en realidad sino un aspecto de un movimiento general hacia la disminución de la delincuencia.

El factor tiempo es una variable capital en la evaluación de tipo "antes-después". En la mayoría de los casos se suele retener un único período control y experimental, precediendo generalmente el primero al segundo. La duración óptima del período experimental depende de la frecuencia (diaria, semanal, mensual o anual) de base de los comportamientos delictivos seleccionados. Mientras más elevada sea la frecuencia de un tipo de delito, más reducida puede ser la duración de los períodos control y experimental, aunque la situación inversa puede darse asimismo: mientras más débil sea dicha frecuencia, más se necesitará alargar la duración de los períodos. De esta manera, por ejemplo, una estrategia para prevenir las agresiones sexuales (delito poco frecuente) requiere una duración de los programas mucho más larga que otra para prevenir los allanamientos de morada (delito bastante frecuente).

Además, sucede a menudo que un programa de prevención se origina como reacción a un fuerte incremento de la criminalidad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que un aumento inhabitual del volumen de la delincuencia suele ser seguido de una baja del mismo. Se trata del fenómeno conocido en estadísticas como "regresión a la normal" (o a la media). Los programas de prevención centrados en un barrio urbano y ciertos delitos específicos (allanamiento de residencias, robo de vehículos) suelen ser sensibles a tal fenómeno, en cuyo caso la disminución observada durante el programa no se deberá necesariamente a los efectos del programa.

Otro problema delicado concierne la interpretación de los resultados de la evaluación, a menudo dependientes de ciertas reacciones de los delincuentes y de sus víctimas frente a intervenciones de naturaleza preventiva. Se trata sobre todo de los fenómenos de desplazamiento y reemplazo de la criminalidad, de la difusión de beneficios y de la tendencia de las víctimas a reportar más delitos[54]

Cuando, como consecuencia de un programa de prevención, ciertos infractores se ven afectados por las medidas adoptadas, sucede a menudo que o bien abandonan los sitios u objetos bien protegidos, escogiendo otros que lo son menos, o bien se adaptan a la situación desplazándose a sectores contiguos al territorio en el cual se aplica el programa, o bien finalmente cambian de táctica escogiendo delitos similares a aquél que se les impide cometer; en estos casos, se está en presencia del fenómeno de desplazamiento.

En sentido positivo, algunas medidas de prevención situacional, en vez de acarrear desplazamientos de la criminalidad, parecen haber dado como resultado la reducción de otros delitos que no figuraban entre los seleccionados por el programa. Se trata entonces de lo que algún autor ha llamado "difusión o extensión de beneficios"[55].

Asimismo suele observarse que, posiblemente alentadas implícita o explícitamente por ciertos programas de prevención -por ejemplo, la vigilancia de barrio o la identificación de bienes de valor-, las víctimas notifican a las autoridades policiales incidentes que antes no consideraban oportuno denunciar, pudiendo entonces quedar ocultada la eficacia real del programa por el incremento de delitos reportados; esto ocurre sobre todo con respecto a los delitos de menor gravedad y a las tentativas.

En resumidas cuentas, no basta con reconocer la necesidad de la evaluación de los programas de prevención. Dicha operación debe ser realizada por evaluadores competentes e independientes, y sus conclusiones deben ser conocidas gracias a su amplia difusión (en boletines informativos, en revistas especializadas o en cualquier otro medio similar).

E. Importancia de la participación policial

Conviene finalmente resaltar la importancia de la participación policial en cualquier programa de prevención del delito. Esta participación puede concretarse en actividades tales como el suministro y análisis de las estadísticas criminales, la formación del personal del equipo del programa, la facilitación del uso de dispositivos de seguridad, la asistencia en las relaciones con los medios de comunicación y, obviamente, la patrulla (a pie o motorizada).

Con respecto a este tema, debe tenerse en cuenta el nuevo modelo de policía comunitaria, imaginado como una solución prometedora para hacer frente al grave problema del incremento de la criminalidad y de la inseguridad ciudadana. Este modelo, que se ha extendido en forma rápida en Estados Unidos, Canadá y Europa, surge como reacción al escaso éxito del modelo policial "profesional", aunque en realidad no se trata de un nuevo concepto, sino más bien de la recuperación del modelo elaborado hace más de 150 años por Sir Robert Peel y aplicado a la policía metropolitana de Londres.

Este nuevo modelo, casi desconocido en América Latina[56]ha dado lugar a una muy abundante literatura que permite determinar su definición y objetivos[57]

Así, la policía comunitaria se define en función de las siguientes características principales:

• ampliación del mandato policial tradicional, que no se limita al mantenimiento del orden y a la prevención y represión de la criminalidad, sino que abarca la resolución de los problemas de la comunidad;

• actitud y comportamiento proactivo más que reactivo;

• establecimiento de mecanismos de asociación y cooperación con las autoridades políticas, los servicios públicos y privados, los medios de comunicación y la comunidad en general;

• descentralización y delegación de responsabilidades, con énfasis en los problemas locales;

• desarrollo de policías más generalistas que especialistas; y

• obligación de rendir cuentas a la comunidad y a los responsables políticos del nivel territorial correspondiente.

En cuanto a los objetivos del nuevo modelo, parece existir consenso en considerar como meta general mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y favorecer una mayor cohesión y solidaridad sociales y, como finalidades específicas, conseguir la disminución de ciertos delitos (agresión, robo en las casas, vandalismo, distribución de drogas) y del sentimiento de inseguridad; mejorar la imagen de la policía; sensibilizar a la población sobre el problema de la seguridad personal; y contribuir a la participación de la comunidad en la resolución de los problemas sociales (incluido el delictivo) que puedan aquejarla.